La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha corregido el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y ha dejado sin efecto la actuación del Gobierno del Principado que obligaba a retirar terminales de la ONCE instalados en establecimientos de hostelería.
El origen del conflicto se sitúa en un requerimiento de la Inspección de Juego de Asturias, que instaba a varios locales a retirar en un plazo de diez días los terminales expendedores de boletos, bajo advertencia de sanciones y el precinto de los equipos.
Sin embargo, el Alto Tribunal ha determinado que tanto la actividad de las loterías de ámbito estatal como sus distintas formas de comercialización no requieren autorización autonómica. En consecuencia, concluye que las comunidades autónomas carecen de competencia para intervenir en la instalación de estos terminales en locales de terceros.
Desde el sector, asociaciones como AERPA han señalado que la sentencia supone un impacto relevante, aunque consideran que aún es pronto para evaluar sus efectos prácticos, dado que el número de terminales instalados actualmente es limitado.
Asimismo, han avanzado que están analizando el alcance del fallo junto a sus servicios jurídicos y que prevén solicitar una reunión con el Gobierno del Principado para conocer su posicionamiento y valorar los próximos pasos.
